Hace diez años, Oxfam alertaba por primera vez sobre los niveles extremos de desigualdad en el Foro Económico Mundial. Desde entonces, los milmillonarios casi han duplicado su riqueza y, asombrosamente, desde 2020, el 1 % más rico ha acaparado casi el doble de riqueza que el resto del mundo.
Cientos de millones de personas se enfrentan a subidas imposibles del coste de la vida, y millones de personas siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia, que ya se ha cobrado más de 20 millones de vidas.
Pero de estas crisis hay quien se beneficia. Los más ricos se han enriquecido enormemente y los beneficios empresariales han alcanzado máximos históricos, lo que ha provocado una explosión de desigualdad.
La mera existencia de milmillonarios que consiguen beneficios sin precedentes, mientras aumentanla pobreza y la desigualdad,es la prueba de que nuestro sistema económico no funciona. Como punto de partida para reducir la desigualdad extrema, el mundo debería tratar de reducir de manera drástica la riqueza extrema y el número de milmillonarios de aquí a 2030, aumentando los impuestos sobre el 1 % más rico y adoptando otras políticas que pongan freno a los milmillonarios.
Para entender mejor la subida de los precios de la energía y los alimentos, hay que mirar más allá de la lógica de la oferta y la demanda. Cada vez hay más datos que señalan a los beneficios empresariales como uno de los principales motores de la inflación. Las empresas no solo están haciendo que las y los consumidores tengan que asumir el aumento de los gastos de producción, sino que también se están beneficiando de la crisis, utilizándola como cortina de humo para aumentar todavía más los precios.
El análisis de Oxfam de 95 empresas energéticas y de alimentación ha revelado que obtuvieron 306 000 millones de dólares en beneficios extraordinarios en 2022, de los cuales el 84 % se pagó a su accionariado, haciendo aún más ricos a quienes ya lo eran. Los Gobiernos podrían recaudar unos ingresos vitales para ayudar a luchar contra la desigualdad mediante la aplicación temporal de impuestos sobre los beneficios extraordinarios y la riqueza extrema en contextos de crisis.
La explicación más común cuando se dispara la inflación es que la demanda supera a la oferta y provoca un aumento de los precios, pero es un motivo que no responde del todo a la subida de los precios de la energía y la alimentación. La invasión rusa de Ucrania ha provocado una reducción del suministro de gas, lo que ha provocado un aumento del precio de la energía en todo el mundo. En el caso de los alimentos, los precios ya estaban subiendo de manera vertiginosa mucho antes de la guerra, y la interrupción del suministro de cereales de Ucrania ha agravado el problema.
Las empresas energéticas y de alimentación han mantenido los mismos precios altos sin verse perjudicadas por la competencia y, cuando reducen costes de producción, son sus accionistas quienes se benefician de ello, y no las y los consumidores.
Esta “inflación de la codicia” ha provocado que las empresas energéticas y de alimentación hayan más que duplicado sus beneficios en 2022, distribuyendo 257 000 millones de dólares en dividendos a sus ricos accionistas, mientras más de 800 millones de personas se acuestan con hambre todas las noches.
Durante los últimos 25 años se ha producido un descenso progresivo de la pobreza extrema. Pero este progreso se ha paralizado mientras que la riqueza y la pobreza extremas han aumentado de forma simultánea por primera vez en 25 años.
Históricamente se han aplicado medidas progresistas como el aumento de los impuestos a los más ricos para controlar la riqueza excesiva y el poder de los súper ricos durante las crisis mundiales. Por ejemplo Costa Rica, que ha aumentado 10 puntos porcentuales el tipo impositivo máximo sobre la renta, pasando del 15 % al 25 %, y Bolivia y Argentina han aplicado impuestos sobre la riqueza extrema e impuestos solidarios a las personas más ricas. Estas medidas solidarias impulsan el gasto público y la lucha contra la desigualdad, al mismo tiempo que alivian el sufrimiento de la ciudadanía.
Cuando se producen crisis económicas, las personas trabajadoras son las primeras en sufrir recortes salariales y pérdidas de empleo. En 2020, la pandemia de la COVID-19 provocó el cierre de empresas y una ralentización de la economía a nivel mundial sin precedentes. Esto provocó pérdidas de horas de trabajo alrededor de cuatro veces mayores que las sufridas por la crisis financiera mundial de 2008, siendo las mujeres y los grupos racializados los mayores afectados.
El análisis de Oxfam revela que al menos 1700 millones de trabajadores en todo el mundo sufrieron un recorte salarial real en 2022, lo que dificultará poder alimentar a sus familias o seguir pagando la luz y la calefacción. Necesitamos urgentemente gravar más a las grandes empresas y las personas más ricas como medida para luchar contra la inflación y la desigualdad.
El análisis de Oxfam revela que al menos 1700 millones de trabajadores en todo el mundo sufrieron un recorte salarial real en 2022, lo que dificultará poder alimentar a sus familias o seguir pagando la luz y la calefacción. Necesitamos urgentemente gravar más a las grandes empresas y las personas más ricas como medida para luchar contra la inflación y la desigualdad.
Oxfam insta a los Gobiernos a que tomen medidas inmediatas para aumentar los impuestos a las personas más ricas, incluyendo aumentos permanentes de los impuestos sobre sus ingresos y capital, impuestos temporales para que no se aprovechen de las crisis, e impuestos sobre su riqueza extrema lo suficientemente altos como para reducir la desigualdad de forma significativa.
Es hora de luchar contra la desigualdad gravando la riqueza extrema.