En la República Centroafricana, el COVID-19 representa una crisis sanitaria que se suma a una crisis humanitaria ya de por sí alarmante. Una de cada dos personas necesita asistencia humanitaria, y alrededor del 70 % de los servicios de salud los proporcionan organizaciones humanitarias. Foto: Aurelie Godet/Oxfam
La pandemia de coronavirus ha sacudido un mundo que ya era profundamente desigual. La inacción frente a la desigualdad ha provocado que la mayoría de los países sean más vulnerables frente a los impactos de estas crisis, tanto en términos económicos como de salud, lo cual ha dado como resultado que la mayoría de ellos no estuviesen preparados para hacer frente a la pandemia.
Millones de personas han fallecido o se han visto empujadas al hambre y a la pobreza porque los Gobiernos no han invertido en los sistemas de salud pública, no han protegido los derechos de las personas trabajadoras ni han proporcionado redes de seguridad para las que no pueden trabajar.
Las mujeres (que suelen disponer de menos ingresos, así como menos oportunidades de ahorrar y empleos más inseguros) se han visto especialmente afectadas por las medidas de confinamiento aplicadas en respuesta a la pandemia, a la vez que se ha producido un drástico aumento del trabajo de cuidados no remunerado y de la violencia de género.
Análisis de los países según su compromiso de lucha contra la desigualdad
El Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad (Índice CRI) clasifica a 158 Gobiernos en función de sus políticas sobre servicios públicos, fiscalidad y derechos laborales, tres ámbitos fundamentales para reducir la desigualdad y sortear la crisis que está generando la pandemia de COVID-19.
El índice destaca el hecho de que ningún país del mundo estaba tomando las medidas necesarias para abordar la desigualdad antes de la pandemia. Revela que únicamente 26 de los 158 países analizados destinaban el 15 % recomendado de sus presupuestos a la salud, y que, cuando estalló la pandemia, al menos una de cada tres personas trabajadoras en 103 países carecía de protecciones y derechos laborales básicos, como licencias por enfermedad.
Esto está recrudeciendo la crisis y ha incrementado la vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza, especialmente de las mujeres.
A la cabeza de la clasificación
La mayoría de los países situados en la parte alta del ranking pertenece a la OCDE. Al tener un producto interior bruto más elevado, estos países tienen un margen mucho más amplio para recaudar más impuestos, y pueden hacerlo de manera más progresiva. Asimismo, tienen más margen para invertir lo recaudado en servicios públicos y protección social.
No obstante, incluso los países que se sitúan en lo más alto del ranking tienen un amplio margen de mejora, especialmente si se tiene en cuenta que, tras décadas de compromisos históricos con las políticas de reducción de la desigualdad, muchos de ellos han sufrido retrocesos en los últimos años.
Noruega
Noruega encabeza el índice y obtiene una puntuación especialmente destacable en el ámbito de los derechos laborales. A pesar de ser el sexto país del mundo con menor desigualdad en el nivel de ingresos, en el año 2000 Noruega redujo drásticamente tanto el tipo máximo de su impuesto sobre la renta como los tipos del impuesto de sociedades, de manera que, en la actualidad, el papel de la fiscalidad en la reducción de la pobreza es menor en el país. En términos generales, la desigualdad y la pobreza se han incrementado en la última década, y hay quince países de la OCDE donde la desigualdad de riqueza es inferior a la de Noruega.
Dinamarca
En las últimas dos décadas, los sucesivos Gobiernos de Dinamarca han promovido políticas fiscales que han incrementado la desigualdad, poniendo en riesgo los bajos niveles de desigualdad que históricamente han caracterizado a este país. Desde 2010, los ingresos del 40 % de la población con menor nivel de ingresos se han estancado, mientras que el 10 % más rico posee ahora casi la mitad de la riqueza total del país. Asimismo, resulta alarmante la reducción de la inversión en educación, un mecanismo de redistribución de la riqueza que permitiría hacer frente al incremento de la desigualdad. No obstante, la buena noticia es que se prevé que el nuevo Gobierno danés, elegido en 2019, revierta algunas de estas tendencias negativas.
Algunos países de ingresos bajos y medios-bajos no están tan bien clasificados en el ranking, pero están adoptando medidas claras para reducir la desigualdad a pesar de sus ingresos relativamente limitados.
Sierra Leone
Es el caso de Sierra Leona, que ha avanzado en el cumplimiento de su compromiso de ofrecer una educación secundaria gratuita, incrementando su gasto en educación este año. Su Gobierno ha puesto freno a las prácticas de evasión y elusión fiscal por parte de las empresas mineras, y ha aprobado un impuesto sobre la propiedad en la capital, Freetown. Además, también ha incrementado el salario mínimo, aunque esta medida tan solo beneficia al pequeño porcentaje de la población activa que trabaja en el sector formal.
Vietnam
Desde la publicación del índice CRI de 2018, Vietnam ha incrementado su gasto en salud; no obstante, el país aún tiene mucho que hacer para reducir el considerable número de personas que aún tienen que pagar para recibir atención médica. El nivel de recaudación fiscal de Vietnam es bueno, pero puede hacer mucho más para, por ejemplo, eliminar los incentivos fiscales a las grandes empresas. Su puntuación en el ámbito de los derechos laborales sigue siendo baja, pero si finalmente el Gobierno aplica el reciente y celebrado acuerdo que permite a las personas trabajadoras crear sus propios sindicatos independientes, el país mejorará su puntuación en este ámbito de cara a futuras ediciones del índice CRI.
En el asentamiento informal de Mukuru, en Nairobi (Kenia), los y las miembros de la Iniciativa de la Juventud de Mukuru, una organización socia de Oxfam, pintan un mural sobre la importancia del distanciamiento físico.
Kenia, que ocupaba la novena posición en el índice en cuanto a políticas fiscales progresivas, ha respondido a la crisis con recortes fiscales para las grandes empresas y personas con mayores ingresos, además con una financiación adicional insignificante de la protección social y las medidas de salud.
Casi dos millones de kenianos y kenianas han perdido su empleo y decenas de miles de personas que viven en los barrios marginales de Nairobi o en entornos rurales apenas han recibido asistencia del Gobierno y están encontrando dificultades para alimentarse.
Foto: Jaric Mwambela/Mukuru Youth Initiative
A la cola de la clasificación
Factores como un gasto demasiado bajo en los sistemas públicos de salud, la fragilidad de las redes de seguridad social y unos derechos laborales insuficientes hacen que estos países carezcan de los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia de COVID-19.
Sudán del Sur
Es la primera vez que el índice CRI incluye en su análisis a Sudán del Sur, que ocupa el último puesto de la clasificación general en esta edición, y cuya puntuación en los tres pilares es de las más bajas. La baja puntuación de este país refleja también el hecho de que su Gobierno del país no ha puesto la elaboración de políticas al servicio de la ciudadanía: por ejemplo, Sudán del Sur dedica al gasto militar y la devolución de deuda seis veces más de lo que invierte en servicios públicos esenciales, y recauda tan solo un 15% de los impuestos que debería. Todo ello se traduce en que el Estado es incapaz de prestar los servicios más básicos: menos de un tercio de la población del país tiene acceso a los servicios básicos de salud.
Nigeria
Nigeria ocupa el penúltimo puesto del ranking, justo por delante de Sudán del Sur. El nivel de recaudación fiscal de Nigeria sigue siendo extraordinariamente bajo, de manera que también obtiene una puntuación muy baja en el pilar de los servicios públicos. Dicho esto, no resulta sorprendente saber que uno de cada cinco niños y niñas sin escolarizar de todo el mundo vive en Nigeria. Durante la crisis del coronavirus, el país se ha visto fuertemente afectado por el hundimiento de los precios del petróleo, y el Gobierno ha reducido a la mitad los presupuestos de salud y educación.
Aunque esta haya sido una llamada de atención para algunos países, muchos otros aún no están aplicando respuestas adecuadas, algo que podría tener graves consecuencias.
Estados Unidos
EE.UU. ocupa el último puesto entre los países ricos del G7 y se encuentra por detrás de 17 países de ingresos bajos como Sierra Leona y Liberia en materia de legislación laboral debido a sus políticas antisindicales y su bajísimo salario mínimo. Los resultados del índice refuerzan la amplia preocupación de Oxfam de que la pandemia haya caído sobre unos sistemas de salud que excluyen a millones de personas en situación de pobreza, lo que afecta especialmente a las comunidades negras y latinoamericanas: en las comunidades negras, solo uno de cada diez hogares dispone de seguro médico, comparado con siete de cada diez hogares en las comunidades blancas.
India
India se encuentra entre los países con peor puntuación en el índice a la hora de abordar la desigualdad antes de la pandemia, y está experimentando el brote de COVID-19 de más rápido crecimiento a escala mundial. El presupuesto de salud de India es el cuarto más bajo del mundo y solo la mitad de la población tiene acceso a los servicios de atención médica más básicos. Varios Gobiernos estatales han utilizado la pandemia de COVID-19 como pretexto para aumentar la jornada laboral de ocho a doce horas y suspender la legislación sobre el salario mínimo, lo que ha devastado los medios de vida de millones de personas trabajadoras en situación de pobreza, que ahora se enfrentan al hambre.
La desigualdad extrema no es inevitable, es una cuestión de voluntad política.
Abordar las desigualdades económicas y de salud debería ser una parte clave de la respuesta de los Gobiernos frente al COVID-19. La desigualdad extrema no es inevitable, es una cuestión de voluntad política.
Los Gobiernos deben adoptar políticas firmes para combatir la desigualdad en ámbitos como los servicios públicos, la fiscalidad y los derechos laborales, con el objetivo de reducir la brecha entre ricos y pobres.
Deben aprender de la pandemia y aprovechar esta oportunidad para construir sociedades más justas y resilientes, así como un futuro mejor para todo el mundo.