Cinco medidas que pueden adoptar los Gobiernos para evitar otro escándalo fiscal como los “Mauritius Leaks”

Tras el escándalo de los “Mauritius Leaks”, Oxfam publica hoy un plan con cinco medidas para evitar que las grandes empresas priven a los países pobres de miles de millones de dólares en concepto de ingresos fiscales. 

Cuando las grandes empresas y las personas más ricas eluden sus responsabilidades fiscales utilizando paraísos fiscales, es el resto de la ciudadanía, y sobre todo las personas en mayor situación de pobreza, quienes terminan pagando por ello. Los Mauritius Leaks desvelan que los paraísos fiscales no solo siguen existiendo, sino que están prosperando, a pesar de las promesas de los Gobiernos para controlar la evasión y elusión fiscal. El plan de Oxfam presenta cinco medidas que los Gobiernos pueden adoptar para abordar la evasión y elusión fiscal y poner fin a la era de los paraísos fiscales. 

Susana Ruiz, asesora fiscal de Oxfam, afirma:

“Los políticos podrían acabar con los escándalos fiscales si quisieran. Oxfam ha propuesto cinco medidas que, de aplicarse, evitarían que se produjeran nuevos escándalos fiscales como los “Mauritius Leaks”, y garantizarían que las grandes empresas pagasen los impuestos que les corresponden allí donde tienen actividad económica. Los países en desarrollo pueden revisar o invalidar los convenios tributarios que han firmado e introducir retenciones fiscales en fuente para proteger sus ingresos fiscales, y todos los Gobiernos (ya sean de países ricos o pobres) pueden acordar la fijación de un impuesto mínimo a nivel mundial sobre los beneficios empresariales.

“No hay tiempo que perder. Se estima que los países en desarrollo pierden 100 000 millones de dólares al año de ingresos fiscales debido a la evasión y elusión fiscal de las grandes empresas, e incluso más debido a la competencia fiscal entre países tan nociva. Este dinero es extremadamente necesario para acabar con el hambre, abordar la crisis climática y garantizar que todas las niñas y niños tengan acceso a la educación.”

El plan de cinco medidas de Oxfam para construir un sistema tributario más justo incluye las siguientes recomendaciones a los Gobiernos:

(1) Acordar un nuevo conjunto de normas fiscales en la ronda de negociaciones liderada por la OCDE y el G20 para garantizar que el régimen fiscal aplicable a las grandes empresas sea justo. Esto debería incluir la adopción de un impuesto mínimo a nivel mundial sobre los beneficios empresariales. Los países deben garantizar que este tipo impositivo mínimo se fije a un nivel ambicioso y se aplique en todos los países, sin excepción. Esto acabaría también con la competencia fiscal entre países, tan perjudicial, y desincentivaría las prácticas  de traslado de beneficios hacia paraísos fiscales. Sería el punto final al funcionamiento de estos territorios

(2) Los países en desarrollo no deberían renunciar a sus derechos fiscales. Varios de estos convenios permiten que las multinacionales no paguen ciertos tipos de impuestos en ningún país. Los países ricos tienen la responsabilidad de que se aplique una fiscalidad justa a sus inversiones y a los proyectos que financian. Los Gobiernos de los países en desarrollo pueden evitar la erosión de su base imponible si revisan o invalidan los convenios tributarios que han firmado, introducen retenciones fiscales en fuente y aplican sólidas normas que impidan abusos fiscales.

(3) Acabar con la opacidad en la información financiera  de las grandes empresas asegurando que todas las multinacionales publiquen informes financieros en todos los países en los que tengan actividad económica. La actual iniciativa de la OCDE de presentación de informes país por país es insuficiente, ya que no abarca todas las multinacionales ni las obliga a que hagan públicos sus informes financieros. Como consecuencia de ello, los países pobres no tienen acceso a la información necesaria para realizar análisis de riesgos sobre quienes abusan del sistema. Estaba previsto que este año se acordaran en Europa avances para la presentación y publicación de informes país por país sobre información financiera de las grandes empresas (el llamado reporte país por país o country by country público), pero ciertos Estados miembros de la UE como Alemania, Irlanda y Luxemburgo han bloqueado la propuesta.

(4) Acordar una lista negra mundial de paraísos fiscales basada en una serie de criterios objetivos y exhaustivos, y adoptar medidas y sanciones efectivas para limitar su uso. Los Gobiernos todavía no se han puesto de acuerdo en la elaboración de una lista mundial objetiva de paraísos fiscales. La OCDE y el G20 publicaron una ridícula lista negra en julio de 2017 en la que solo aparecía Trinidad y Tobago. La lista de la UE, si bien es más completa, excluye a paraísos fiscales europeos como los Países Bajos e Irlanda.

(5) Fortalecer la gobernanza fiscal a nivel mundial a través de la creación de un organismo fiscal mundial en el que todos los países puedan colaborar en pie de igualdad para garantizar que el sistema fiscal global defienda el interés de todos los países. La nueva ronda de negociaciones sobre el sistema fiscal internacional  (BEPS 2.0) constituye una oportunidad histórica para poner fin a la agresiva competencia fiscal entre países y a la elusión fiscal, así como para construir un sistema fiscal más justo que beneficie al conjunto de la población, y no solo a una minoría privilegiada. Incluso si la nueva ronda de negociaciones da buenos resultados, es necesario que exista un organismo fiscal más inclusivo para supervisar la gobernanza fiscal a nivel mundial en cuestiones fiscales internacionales y para fortalecer la cooperación fiscal global.